Este trabajo busca demostrar que la propiedad privada de las administraciones públicas, no obstante estar regulada por normas de derecho común, se encuentra subordinada a exigencias públicas como forma de satisfacer necesidades colectivas y el derecho fundamental a la libertad de empresa. Para lograr lo anterior el artículo se divide en dos partes. En la primera la atención se centra en los bienes estatales o fiscales, postulando al efecto que, no obstante existir consenso de su apropiabilidad por cualquier organismo con capacidad jurídica para ello, la exigencia de servicialidad les impone a los servicios públicos ejercer su propiedad tomando en cuenta el máximo de provecho que para la comunidad puede significar el uso del bien, siendo la participación ciudadana un mecanismo efectivo para el logro de tal objetivo. En la segunda parte el interés se concentra en los patrimonios empresariales del Estado, y se analiza la subsidiariedad y la propiedad privada como límites en el surgimiento de éstos a fin de dar preeminencia a la actividad económica particular.
Se concluye que los imperativos constitucionales analizados, modifican y limitan la propiedad de los servicios público, permitiendo diferenciarla del uso, goce y disposición que, respecto de los mismos bienes, realizan los particulares.