La acción contemplada en el artículo 5 de Ley N° 20.009, luego de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.234, puso de cargo de los emisores la carga de deducir la acción ante el juez de Policía Local y de probar el dolo o culpa grave del usuario respecto de aquellas transacciones electrónicas que desconoce como propias. Esta modificación ha generado una notable mejoría en la posición de los usuarios afectados. Sin embargo, su interpretación y aplicación no ha estado exenta de dificultades que se derivan tanto de la propia normativa como de la práctica de los operadores. En este trabajo se describen y analizan alguno de los principales problemas de carácter procesal. Como se verá, estos se traducen en una dispersión de interpretaciones y prácticas que afectan, con distinta intensidad, los fines previstos por el legislador.