Dr. Aedo-Barrena, Cristian

Es ya clásico el planteamiento que proyecta a la causalidad como una aproximación exclusivamente fáctica, anclada en factores o condiciones que se ubican en un espacio anterior al fenómeno dañoso y que lo determinan. En este sentido, el nexo obedecería ante todo, a una constatación de lo que físicamente ocurre. Con todo, el análisis de la cuestión se complementa desde la perspectiva de considerar que la mencionada condición de responsabilidad, en el ámbito del derecho, sobrepasa los límites de lo ontológico o de lo material, advirtiendo una faz normativa, que algunos identifican con un ejercicio de imputación. Este trabajo pretende indagar respecto de la referida composición de la causalidad, y en este contexto en cómo aquella tiene incidencia en las funciones que se le atribuyen en el juicio de responsabilidad civil.

El estudio de las obligaciones in solidum del derecho francés supone una categoría obligacional de relevante análisis, para quienes, desde las veredas del derecho chileno, discuten en torno a su argumentación normativa. Bien es sabido que Andrés Bello consignó en el Código Civil chileno el artículo 2317, el cual regula un caso de solidaridad legal para supuestos de comisión conjunta de delitos y cuasidelitos civiles. Una disposición equivalente no se detecta en el Code de 1804 ni en sus posteriores reformas. De aquí que se haya postulado por importantes voces de la doctrina chilena que en nuestro ordenamiento jurídico no tendría cabida una proyección similar a la francesa, al menos desde una perspectiva general. Dicho planteamiento ha sido contestado en la actualidad bajo una serie de argumentos que, aunque deben seguir madurando, reflejan el interés de parte de la academia chilena actual por el reconocimiento de las obligaciones in solidum, mejor denominadas concurrentes o por el total no solidarias.

Se abordan problemas relativos a la verificación de actos de hacking bancario, proyectándolos desde la afirmación que lo que vincula al banco con sus clientes es una relación de consumo. Entendemos que existe un deber de seguridad que recae en el banco, cuyo incumplimiento debe presumir se una vez materializado el fraude. Analizamos el problema considerando como víctima a personas jurídicas, aquello nos permite pronunciarnos sobre la pertinencia indemnizatoria del daño moral de dichas entidades. Nos interrogamos sobre cuál es el régimen de responsabilidad civil a través del cual el cuentacorrentista, o usuario de tarjetas bancarias, puede perseguir la responsabilidad del banco.