La prueba es un problema común y decisivo en los juicios de los consumidores, ya sean individuales o colectivos. Si bien se han introducido gradualmente varias reglas y mecanismos probatorios para equilibrar las diferencias entre los litigantes, su efectividad ha sido limitada, ya que todavía existe un contexto normativo, teórico y práctico que tiende a limitar los efectos que tales mecanismos y reglas promueven. Este contexto no ha sido adecuadamente estudiado en el entorno chileno. El objetivo de este texto es dar cuenta de este contexto, los diferentes niveles en los que opera y las disfuncionalidades que genera, para luego sugerir algunas bases conceptuales y debatir algunas propuestas que permitan avanzar en la construcción de una ley que cuide las particularidades de la relación de consumo. La metodología utilizada La metodología utilizada es mayoritariamente analítica en cuanto al estudio de las normas, su modificación y también al análisis jurisprudencial. En conclusión, se presentan algunas propuestas para eliminar obstáculos normativos, teóricos y prácticos al desarrollo de la actividad judicial en el campo de la prueba más funcional. a los objetivos del proceso de consumo. Una primera alternativa sería el desarrollo de un código procesal de consumo, que proporcione autonomía teórica y normativa para el procesamiento en esta área. Otra propuesta sería llevar un paso más allá la especialidad en esta materia, creando así tribunales dedicados exclusivamente a la resolución de conflictos de consumo. Sin embargo, hay una tercera alternativa que parece más viable y perfectamente compatible con la creación de una legislación completa y coherente, aunque quede en manos de los jueces generales. Tal solución consistiría en introducir la noción de gestión de casos como un vehículo conceptual que modifica y ofrece nuevos paradigmas sobre la comprensión del papel de los jueces dentro del proceso, cambiando eventualmente la cultura jurídica de los operadores de justicia.