Dr. Aedo-Barrena, Cristian

Nuestro sistema registral reposa en el mandato que se le dirige al Conservador de Bienes Raíces, cual corresponde a su deber de inscribir sin re- tardo los títulos que se le presenten. En el marco de lo indicado, el funcionario en referencia puede, sin embargo, negarse a inscribir excepcionalmente, cuan- do concurren algunas de las hipótesis consignadas en los artículos 13 (objeto de nuestro estudio) y 14 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces. Cabe referir que el evocado artículo 13 habilita al funcionario en referencia a objetar una solicitud de inscripción en atención de defectos formales que hagan de algún modo inadmisible la inscripción solicitada, o que de la lectura del título se desprenda que concurre un vicio que lo anula absolutamente, llegándose a afirmar que lo mismo acontece respecto de un vicio de nulidad relativa. El análisis que se plantea persigue abordar si es que el rechazo puede ser amparado en la constatación de un arrendamiento que recae sobre el inmueble que tiene relación con inscripción que se requiere.

En este trabajo se pretenden poner en relieve algunos cuestionamientos a la aplicación de la teoría causal de la equivalencia de las condiciones como de la causalidad adecuada en la resolución de asuntos causales complejos, entendiendo por ellos aquellos en los que la condición en análisis no revela en sí misma la nocividad suficiente para ser tenida como origen del agravio, al menos desde un sensato sentido de justicia. Respecto de la primera, se afirma que al existir daños cuyo origen no pueden sino ser atribuidos a omisiones, el planteamiento causal de la supresión mental pierde relevancia; ocurriendo lo mismo en contextos de causalidad alternativa o hipotética, en los que resulta indispensable recurrir a criterios normativos. A propósito de la segunda, se sostiene que esta revela complejidades, principalmente en el entendido de su vinculación con la previsibilidad, lo que se aprecia tanto en el contexto del an debeatur, como del quantum respondetur, etapas de todo juicio de responsabilidad. Así ocurre en la determinación de la órbita de responsables, ya que no se aprecia en realidad cuál es la distinción entre causalidad adecuada y culpa; como en la referente a la órbita de daños, pues de seguirse aquello se infringiría el principio de la reparación integral del daño que contempla nuestro ordenamiento, al menos para la responsabilidad extracontractual, en atención a lo dispuesto en el art. 2329 del CC.

Este trabajo intenta responder a la pregunta por la persistencia en el derecho moderno de los conceptos de buena fe y excepción de dolo (exceptio doli), ambos de origen romano. Para la consecución de tal objetivo inquiere sobre las funciones cumplidas por ambos conceptos tanto en el derecho romano como en el chileno contemporáneo, constatando así, para la buena fe, la persistencia de ciertas funciones dogmáticas cumplidas, en su momento, por la exceptio doli.

El análisis del daño moral permite reflexionar en torno a lo que debemos entender conceptualmente por él sea desde una perspectiva subjetiva como objetiva. En el primero de los ámbitos la doctrina en general ha tratado el daño moral bajo la perspectiva de perturbaciones extrapatrimoniales de bienes, cosas o derechos; en circunstancias que, desde el segundo, se refleja un esfuerzo por analizarlo desde el prisma de la afectación a intereses, postura que defendemos. A su turno, la aproximación conceptual repercute en estándar probatorio de los presupuestos que lo configuran, aspecto que debiera incidir en la cuantificación del agravio. Así, el daño moral subjetivo supone mayor relajo en el estándar, mientras que el daño moral objetivo o anclado en el interés, exige un reforzamiento en el mismo. Ambos aspectos si bien son susceptibles de distinguirse tanto en el plano contractual como en el extracontractual, se constriñen en el primero básicamente por razones de régimen, el cual exige la identificación de interés protegido dentro del ámbito del contrato.

Es ya clásico el planteamiento que proyecta a la causalidad como una aproximación exclusivamente fáctica, anclada en factores o condiciones que se ubican en un espacio anterior al fenómeno dañoso y que lo determinan. En este sentido, el nexo obedecería ante todo, a una constatación de lo que físicamente ocurre. Con todo, el análisis de la cuestión se complementa desde la perspectiva de considerar que la mencionada condición de responsabilidad, en el ámbito del derecho, sobrepasa los límites de lo ontológico o de lo material, advirtiendo una faz normativa, que algunos identifican con un ejercicio de imputación. Este trabajo pretende indagar respecto de la referida composición de la causalidad, y en este contexto en cómo aquella tiene incidencia en las funciones que se le atribuyen en el juicio de responsabilidad civil.

El presente artículo analiza la culpa en el mundo griego y sus estadios de evolución, de la mano de la hermenéutica de Ricouer, autor que describe los símbolos de la culpa, en la cultura griega. A partir de los estadios de la mancha, el pecado y la culpabilidad, se pueden describir, en el mundo griego, a la luz de autores que han tratado la cuestión, la evolución, desde las primeras concepciones de la mancha, hasta el perfilamiento de la culpabilidad. Dichas aproximaciones dan cuenta que las ideas morales sobre la culpa son transversales en la cultura humana y que no dependen, exclusivamente, de las ideas cristianas, sino de la expresión de los símbolos. Desde ese lugar se puede cuestionar la idea de que la culpa, como expresión técnica, incorporada a la responsabilidad civil, obedece exclusivamente a la moral cristiana, pues resulta evidente, ahora, que las raíces de la culpa son anteriores.

El estudio de las obligaciones in solidum del derecho francés supone una categoría obligacional de relevante análisis, para quienes, desde las veredas del derecho chileno, discuten en torno a su argumentación normativa. Bien es sabido que Andrés Bello consignó en el Código Civil chileno el artículo 2317, el cual regula un caso de solidaridad legal para supuestos de comisión conjunta de delitos y cuasidelitos civiles. Una disposición equivalente no se detecta en el Code de 1804 ni en sus posteriores reformas. De aquí que se haya postulado por importantes voces de la doctrina chilena que en nuestro ordenamiento jurídico no tendría cabida una proyección similar a la francesa, al menos desde una perspectiva general. Dicho planteamiento ha sido contestado en la actualidad bajo una serie de argumentos que, aunque deben seguir madurando, reflejan el interés de parte de la academia chilena actual por el reconocimiento de las obligaciones in solidum, mejor denominadas concurrentes o por el total no solidarias.

El presente artículo aborda las áreas de contorno o delimitación de la responsabilidad contractual, en el concierto de herramientas de tutela del acreedor y en su delimitación frente a la responsabilidad aquiliana, a partir de los dos requisitos fundamentales que la doctrina chilena exige para su configuración, el contrato y la obligación. En la revisión de ambos requisitos se estudian los límites de la pretensión indemnizatoria, para repensar desde ahí el núcleo de la responsabilidad contractual determinada por la posibilidad de que las partes hagan una voluntaria distribución del riesgo al que deciden someterse.

Se abordan problemas relativos a la verificación de actos de hacking bancario, proyectándolos desde la afirmación que lo que vincula al banco con sus clientes es una relación de consumo. Entendemos que existe un deber de seguridad que recae en el banco, cuyo incumplimiento debe presumir se una vez materializado el fraude. Analizamos el problema considerando como víctima a personas jurídicas, aquello nos permite pronunciarnos sobre la pertinencia indemnizatoria del daño moral de dichas entidades. Nos interrogamos sobre cuál es el régimen de responsabilidad civil a través del cual el cuentacorrentista, o usuario de tarjetas bancarias, puede perseguir la responsabilidad del banco.

En el presente artículo se estudia la ley como fuente del modo. Para comprender mejor nuestro vigente sistema de fuentes de las obligaciones. en primer lugar, se hace un recorrido histórico relativo a las mismas, lo que permite entender por qué los actos jurídicos unilaterales no son fuente de obligaciones. Con posterioridad se dilucida la naturaleza jurídica del modo, lo que exige investigar las nociones de modo-obligación y de modo-carga. Finalmente se analiza la Ley Nº 13.080, texto que establece un modo que presenta particularidades de relevancia para nuestra investigación.